¿Una entidad pública
le está cobrando, negando
o causando un daño?
Frente a las decisiones de las instituciones públicas, es natural sentir incertidumbre; sin embargo, como ciudadano, usted cuenta con derechos fundamentales que lo protegen. Cuando un acto administrativo resulta desproporcionado o afecta su tranquilidad, la ley le otorga las herramientas necesarias para reclamar justicia. En ARO Abogados no improvisamos: nos ponemos en sus zapatos y analizamos minuciosamente su caso para diseñar una estrategia legal clara que defienda sus derechos con total transparencia.
Consulta estratégica
$200.000 COP
Revisamos el acto administrativo que lo afecta y le trazamos la ruta.
Se descuenta de los honorarios si decide que llevemos su caso.
2 años
Caducidad reparación directa.
NO deje vencer el plazo
+41.645 casos
Reparación Directa
+21.885 casos
Nulidad y Restablecimiento
+3.524
Proteccion de los derechos e intereses colectivos
El Derecho Administrativo es su escudo frente al Estado
Es la rama del Derecho que regula las relaciones entre los particulares y las entidades públicas. Cuando una entidad del Estado actúa de forma desproporcionada o le causa un daño, usted tiene herramientas jurídicas concretas para defenderse y obtener una reparación.
¿Qué es un acto administrativo?
Es cualquier decisión oficial de una entidad pública que afecta sus derechos como una multa, un comparendo, una negativa a una pensión, un embargo, una sanción de tránsito. Si ese acto no respeta la ley o viola el debido proceso, puede ser impugnado y anulado.
¿Cuándo responde el Estado por sus daños?
El artículo 90 de la Constitución establece que el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le cause a los ciudadanos, ya sea por acción o por omisión. Esto incluye errores médicos en hospitales públicos, obras que dañan su propiedad, detenciones ilegales y mucho más.
Lo que hacemos por usted
Cuatro frentes de defensa ciudadana frente al Estado
ARO Abogados conoce las inconsistencias que pueden presentarse en la administración pública y se especializa en defender a los ciudadanos frente a ellas con las acciones jurídicas que corresponden en cada caso.
Cobro coactivo: comparendos, impuestos y sanciones
Si una entidad pública le inició un proceso de cobro coactivo por comparendos de tránsito, impuesto predial, industria y comercio, cuotas partes pensionales u otras obligaciones, usted tiene derecho a interponer excepciones y a cuestionar la legalidad del cobro.
Revisamos el título ejecutivo, verificamos que el cobro sea válido, que no haya prescripción y que el monto sea correcto. Muchos cobros coactivos tienen vicios que los hacen impugnables.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Cuando una entidad pública le niega un derecho, lo sanciona injustamente o le impone una obligación ilegal, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho permite dejar sin efecto ese acto administrativo y recuperar lo que le fue negado o recibir indemnización por el daño.
Esta acción tiene una caducidad de 4 meses desde la notificación del acto. Si no actúa a tiempo, pierde el derecho a demandar.
Responsabilidad estatal — reparación directa
Cuando el Estado le causa un daño por una obra pública mal ejecutada, una detención ilegal, una actuación negligente de un funcionario o cualquier falla en la prestación de un servicio público; tiene derecho a una reparación que incluye daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales.
La demanda de reparación directa procede por acción u omisión del Estado y prescribe en 2 años desde que ocurrió el daño.
Responsabilidad médica en entidades públicas
Si sufrió un daño en un hospital público, una E.S.E. o cualquier entidad de salud del Estado por negligencia médica, diagnóstico tardío, negación del servicio o error en el procedimiento, el Estado responde patrimonialmente por esa falla en el servicio.
La responsabilidad médica estatal es de medios por tanto el médico o la institución deben probar que actuaron correctamente. El plazo para demandar es de 2 años desde ocurrido el daño.
Señales de que el Estado le está vulnerando un derecho
Estas son las situaciones más frecuentes con las que llegan los colombianos a ARO Abogados en materia de derecho administrativo. Si se identifica con alguna, actúe antes de que venzan los plazos.
Le llegó un cobro coactivo por un comparendo o impuesto
Recibió una orden de pago de tránsito, la DIAN, el municipio o una entidad pública y no sabe si el cobro es válido, si ya prescribió o cómo defenderse.
Una entidad le negó una pensión, un trámite o un beneficio
La entidad emitió un acto administrativo en su contra y no sabe cómo impugnarlo o si tiene razón en su decisión.
Una obra pública dañó su casa o propiedad
Una vía, una obra de acueducto o una construcción oficial le causó daños materiales o afectó el uso de su propiedad sin indemnización.
Lo atendieron mal en un hospital público
Usted o un familiar sufrieron un daño en una institución de salud pública por negligencia, demora en la atención, negación del servicio o error médico.
Un funcionario público le causó un perjuicio
La actuación arbitraria, negligente o ilegal de un funcionario del Estado le generó un daño económico, moral o en sus derechos fundamentales.
Le embargaron bienes por una deuda con el Estado
Una entidad inició un proceso coactivo con embargo de cuentas, bienes o salario y usted no tuvo oportunidad de presentar sus excepciones o el cobro tiene irregularidades.
Plazos legales que no puede ignorar
En derecho administrativo, los plazos no son sugerencias. Si se vencen, pierde el derecho a demandar sin importar qué tan sólido sea su caso. Actúe antes.
-
4 meses
Nulidad y restablecimiento del derecho
Desde la notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo que le afecta. Es el plazo más corto y el más frecuentemente ignorado. Si la entidad no le notificó correctamente, el plazo puede no haber iniciado.
-
2 años
Reparación directa — daño causado por el Estado
Desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa que causó el daño. Aplica para obras públicas, fallas médicas, detenciones ilegales y cualquier daño antijurídico del Estado.
-
2 años
Responsabilidad médica en entidades públicas
Desde que se conoció el daño o debió conocerse. En casos donde el daño se manifestó de forma progresiva, el plazo inicia desde que la víctima supo o pudo saber de la relación entre la actuación médica y el perjuicio sufrido.
-
Variable
Cobro coactivo — excepciones al mandamiento de pago
Las excepciones deben presentarse dentro del proceso coactivo en los plazos que fija el mandamiento de pago. Una vez vencido ese término, pierde la posibilidad de controvertir la deuda dentro del proceso. La acción de nulidad contra el acto que sirve de título sí tiene el plazo estándar de 4 meses.
Errores que le cierran la puerta a la defensa
En años de práctica en derecho administrativo, hemos visto los mismos errores repetirse. Evítelos desde el primer momento.
Ignorar la notificación de la entidad
Cuando una entidad lo notifica de un acto administrativo, el plazo para impugnarlo empieza a correr. No leer, no recoger o ignorar la comunicación no detiene el plazo, simplemente lo hace correr en su contra.
Pagar un cobro coactivo sin revisarlo primero
Muchos cobros coactivos tienen irregularidades como deudas ya pagadas, prescripciones no aplicadas, montos mal liquidados o actos que nunca fueron debidamente notificados. Pagar sin revisar cierra la posibilidad de recuperar lo pagado indebidamente.
No agotar la vía gubernativa antes de demandar
En la mayoría de acciones administrativas es obligatorio interponer primero los recursos ante la entidad (reposición y apelación) antes de acudir al juez. Si omite este requisito, la demanda puede ser rechazada.
Esperar demasiado después de un daño médico en entidad pública
El plazo de 2 años para demandar por responsabilidad médica en hospitales públicos comienza desde que se conoció el daño. Muchas familias consultan cuando ya venció ese plazo y no hay nada que hacer jurídicamente.
Confundir la jurisdicción ordinaria con la contencioso-administrativa
Las demandas contra entidades públicas se tramitan ante la jurisdicción contencioso administrativa y/o jueces administrativos, tribunales y Consejo de Estado. Presentarlas ante jueces civiles ordinarios es un error que genera pérdida de tiempo y del plazo de caducidad.
Creer que la tutela es la única herramienta
La tutela protege derechos fundamentales de forma urgente, pero no repara daños económicos ni anula actos administrativos de fondo. Para eso existen las acciones del CPACA, que son las que realmente restauran sus derechos y le generan una indemnización.
¿El Estado le está vulnerando un derecho?
Cuéntenos su caso.
Lo escuchamos, revisamos el acto administrativo que lo afecta y le decimos con honestidad qué puede hacer y cuáles son sus probabilidades reales.
📞 302 775 0756 · 319 415 3644 | Lunes a viernes 8:00 am – 8:00 pm